Medio Ambiente impulsa una ordenanza de protección de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales


El objetivo es disminuir comportamientos incívicos como los que han derivado en el destrozo de mobiliario público o quema de contenedores

La concejalía de Coordinación de Servicios Generales y Medio Ambiente pondrá en marcha una ordenanza que regule la obligación de todos los vecinos y vecinas del municipio de actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del público, así como de los demás elementos que configuran la ciudad.


El edil responsable del área, Francisco J. Gómez, ha dado este paso después de que en los últimos meses el municipio haya visto como los actos de unos pocos han dado lugar al grave deterioro de parques, contenedores de residuos sólidos urbanos por actos vandálicos así como la contaminación de espacios públicos el abandono de basuras.


Es por ello que desde la concejalía se ha marcado como objetivo prioritario disminuir este tipo de comportamientos que se producen en el término municipal con un texto normativo que defina las conductas antisociales que degradan el municipio, tipifique las infracciones y determine sanciones correspondientes.


El concejal, subraya que la misma no pretende ser una solución definitiva a la compleja problemática que constituyen tales comportamientos, sino “una respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno, un instrumento disuasorio para los individuos infractores y un llamamiento a la responsabilidad en el ejercicio del civismo”.

Así, esta normativa recoge y actualiza preceptos diversos contenidos en otras reglamentaciones del Ayuntamiento que protegen los espacios públicos.


Es el caso de daños y alteraciones en bienes municipales, pintadas, colocación de carteles, adhesivos y elementos similares sin la correspondiente autorización; ruidos y olores, residuos y basuras, residuos orgánicos (escupir o hacer necesidades en la vía pública) o lavado de automóviles en vías públicas etc.


Las infracciones se tipifican en leve, con sanciones de hasta 750 euros;  graves, con multas de hasta 1.500;  y muy graves, en cuyo caso las sanciones se pueden elevar hasta los 3.000 euros.


La imposición de estas sanciones también será compatible con la exigencia al infractor de la reposición  de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados.
La intención de Francisco J. Gómez es someterlo a la consideración del Pleno ordinario de este mismo mes. 

 

 

 

 

Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo

C/ LOS PICONES, S/N 24191
TEL: 987 844 300

Fotografías

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…